CRedacción Capitol·5 de agosto de 2026·2 min de lectura
Grande-Marlaska asegura que no hubo aviso previo, ni siquiera sobre el episodio de 2021 con 8.000 magrebíes
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que no recibió ‘informe, aviso ni comunicación’ sobre el aluvión de 72.000 entradas ilegales de magrebíes en Ceuta el pasado 31 de julio, según las cifras oficiales facilitadas por el propio ministro.
El titular de Interior, del PSOE, ha subrayado que tampoco hubo notificación alguna que advirtiera de un episodio similar al de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas asaltaron la frontera de la ciudad autónoma con la permisividad de Marruecos. Este último suceso fue una respuesta de Rabat a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por razones humanitarias.
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La falta de alerta previa por parte de los servicios de Inteligencia sitúa a estos en el centro de la polémica, al mantenerse la versión de que no existió información que permitiera anticipar el masivo cruce fronterizo. Ceuta, como ciudad autónoma, depende directamente de las competencias estatales en materia de seguridad y control migratorio.
El episodio de 2021, con 8.000 entradas, ya generó una crisis diplomática entre España y Marruecos, y ahora el nuevo récord de 72.000 personas en un solo día reabre el debate sobre la capacidad de previsión y respuesta de las instituciones españolas ante este tipo de situaciones.
Según la Constitución española, el Ministerio del Interior es responsable de la seguridad y el control migratorio en las fronteras, incluyendo la ciudad autónoma de Ceuta. Esto significa que el Ministerio tiene la competencia para tomar medidas para prevenir y controlar la entrada de personas en la ciudad.
La falta de alerta previa por parte de los servicios de Inteligencia ha generado críticas y preguntas sobre la eficacia de los sistemas de vigilancia y alerta en la frontera. Se espera que se realicen investigaciones para determinar las causas de la falta de alerta y para mejorar la capacidad de previsión y respuesta de las instituciones españolas.
