Internos de Puig de les Basses hackean sistemas de la Generalitat y acceden a documentación compartida
El Departamento de Justicia de Cataluña investiga el ciberataque desde la cárcel de Figueres, identifica a dos reclusos y refuerza la seguridad en todos los centros penitenciarios
CRedacción Capitol·12 de agosto de 2026·2 min de lectura
El Departamento de Justicia de Cataluña investiga el ciberataque desde la cárcel de Figueres, identifica a dos reclusos y refuerza la seguridad en todos los centros penitenciarios
Dos internos del centro penitenciario de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), han accedido «de forma no autorizada» a documentación compartida de la Generalitat almacenada en unidades de red, según confirmó este miércoles el Departamento de Justicia de Cataluña.
Los responsables del centro detectaron el hackeo y activaron de forma inmediata las medidas de seguridad correspondientes para corregir el incidente. La Generalitat explicó que el acceso no afectó a sistemas de información penitenciarios críticos ni comprometió el funcionamiento del centro, y denunció los hechos ante el Juzgado de Guardia de Figueres y la Autoritat Catalana de Protecciónn de Dades. La Agència de Ciberseguridad de Cataluña realiza un «análisis técnico exhaustivo» para determinar el alcance del ataque y sus posibles consecuencias.
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El director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, informó del incidente a los sindicatos del ámbito penitenciario en una reunión extraordinaria. UGT Presos exigió transparencia sobre los datos afectados y criticó la falta de comunicación previa al personal, mientras que SICAP-FEPOL denunció que desde 2025 alertaban de vulnerabilidades similares en los ordenadores de las cárceles catalanas, que permiten a los reclusos acceder a información confidencial.
La investigación ya ha identificado a los dos internos responsables, según fuentes sindicales. El Departamento de Justicia reforzó las medidas de seguridad en todos los centros penitenciarios para evitar nuevos incidentes, aunque no detalló qué cambios concretos se implementaron. Este caso se suma a las advertencias previas sobre la exposición de datos sensibles en el sistema penitenciario catalán, donde los reclusos tienen acceso a equipos informáticos con fines educativos o de reinserción.
El marco legal catalán obliga a notificar cualquier brecha de seguridad que afecte a datos personales a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, un trámite cumplido por Justicia en este caso. La denuncia penal ante el juzgado de Figueres podría derivar en cargos por delitos contra la intimidad o el acceso no autorizado a sistemas informáticos, tipificados en el Código Penal español.
