El ministro del Interior anuncia el refuerzo de 40 antidisturbios en la ciudad autónoma, donde aún permanecen 5.000 de las 72.000 personas que entraron a nado en julio
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado la expulsión de más de un centenar de inmigrantes detenidos en Ceuta durante el último mes por la comisión de delitos, tras los saltos masivos registrados los días 30 y 31 de julio, cuando unas 72.000 personas accedieron a la ciudad autónoma a nado.
Durante su comparecencia en el Congreso, Marlaska detalló que los detenidos fueron puestos a disposición judicial para solicitar su expulsión, una medida amparada por la Ley de Extranjería. Actualmente, 5.000 de los inmigrantes que entraron en julio permanecen en Ceuta, según los datos facilitados por el ministro, quien reconoció el «sentimiento de inseguridad» de los ciudadanos ceutíes.
Para reforzar la seguridad, el Ministerio del Interior desplegará 40 efectivos adicionales de las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios, que se sumarán a los 800 agentes ya movilizados en la ciudad. Este refuerzo se enmarca en los esfuerzos del Gobierno para «devolver la normalidad» a Ceuta, tal como declaró Marlaska, quien evitó cuestionar la percepción de inseguridad de los residentes.
La situación en Ceuta se produce en un contexto de tensión migratoria recurrente en las fronteras españolas, donde las llegadas masivas han generado debates sobre la gestión de los flujos y la coordinación con países vecinos como Marruecos. La Ley de Extranjería permite la expulsión de extranjeros en situación irregular que cometan delitos, un mecanismo que el Gobierno ha aplicado en este caso tras las detenciones.
La comparecencia de Marlaska se produce semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitara Ceuta para evaluar la situación, aunque el ministro no mencionó nuevas medidas políticas más allá del refuerzo policial. La presencia de 5.000 inmigrantes en la ciudad, muchos de ellos en centros de acogida temporal, sigue siendo un desafío logístico y humanitario para las autoridades locales y estatales.
Fuente: El Debate (se abre en otra pestaña)
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