La propuesta incluye informes del CNI sobre fallos de previsión del Gobierno y despliegue de Frontex en la frontera
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este 20 de agosto una Proposición no de Ley (PNL) en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para activar la Ley de Seguridad Nacional de 2015 y asumir el control directo de la situación en Ceuta. La iniciativa, dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez, califica los sucesos del pasado 30 de julio —cuando más de 70.000 personas bordearon la frontera— como un «ataque a la integridad territorial de España» y exige medidas inmediatas para devolver a Marruecos a los más de 10.000 migrantes irregulares que permanecen en la ciudad.
La propuesta del PP rechaza abordar el episodio como un fenómeno migratorio ordinario y reclama una respuesta de Estado bajo un mando único coordinado por el Ejecutivo central. Entre las medidas concretas, figura el retorno inmediato de los adultos que entraron irregularmente y la devolución de menores no acompañados a sus países de origen, una opción que el Gobierno considera inviable. Además, los populares exigen reforzar la presencia policial con al menos 50 agentes de Extranjería, unidades de la UCRIF y la UIP, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas y el despliegue de unidades de Frontex para vigilar la frontera.
El texto también incluye una modificación de la Ley de Extranjería para endurecer los rechazos en frontera, especialmente en entradas por vía marítima. La ofensiva parlamentaria va más allá: el PP exige que el Gobierno remita a las Cortes todos los informes del CNI y la Inteligencia Militar sobre el riesgo de asalto masivo en los días previos al 30 de julio. Con esta petición, los populares buscan determinar si hubo «fallos de previsión» o «dejadez de funciones» por parte del Ejecutivo, según señala el documento registrado.
La vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado la gestión del Gobierno y ha acusado a Pedro Sánchez de mantener su retiro vacacional en La Mareta a pesar de la situación en Ceuta. Gamarra ha destacado el aumento de «ataques sexuales a mujeres y niñas» como prueba de que «no hay normalidad» en la ciudad autónoma, donde la población migrante representa más del 12% de los 83.000 habitantes.
La Ley de Seguridad Nacional de 2015 permite al Gobierno asumir el control directo de una situación de crisis cuando afecta a la integridad territorial, la soberanía o el orden público. Hasta ahora, Sánchez ha rechazado activar este mecanismo, lo que sitúa la PNL del PP como un intento de forzar su posición en la Comisión Mixta, donde el partido cuenta con mayoría. La propuesta deberá ser debatida en los próximos días, aunque su aprobación no sería vinculante para el Ejecutivo.
Fuente: El Español
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