Blindar las pensiones en la Constitución exige los votos del PP

Pedro Sánchez prometió el 26 de octubre en Gijón meter en la Constitución la subida de las pensiones con el IPC. El artículo 167 exige para ello 210 diputados, y con la media de encuestas de Capitol del 27 de octubre solo los reúnen PP y PSOE juntos, con 240 escaños. La promesa depende del voto de su rival.

• PSOE y todos los partidos que no son PP ni Vox suman 150 escaños en la media de encuestas de Capitol del 27 de octubre, 60 por debajo de los tres quintos que pide una reforma del artículo 50.
• La subida de las pensiones con el IPC ya es ley desde 2021. Lo que cambiaría la reforma es quién puede tocarla, porque hoy basta una mayoría simple y en la Constitución harían falta 210 diputados.
• La regla del aborto a los 16 y 17 años ha cambiado tres veces en trece años por ley orgánica, con 176 votos. PP y Vox suman 200 escaños en la misma media.

El anuncio llegó en un mitin de precampaña en Gijón, el lunes 26 de octubre. Sánchez dijo que, si el PSOE sigue en el Gobierno después del 29 de noviembre, reformará la Constitución para blindar la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Al día siguiente, en Roquetas de Mar, la cabeza de lista del PP por Almería, Carmen Crespo, prometió que Alberto Núñez Feijóo revalorizará las pensiones con el IPC si gobierna. Los dos grandes partidos prometen lo mismo para los 10,5 millones de pensiones contributivas que pagaba la Seguridad Social en septiembre y discrepan en el instrumento, que es justo lo que decide cuánto dura una promesa.

Para entenderlo hay que distinguir tres escalones. Una ley ordinaria se aprueba por mayoría simple, con más síes que noes. Una ley orgánica, la que regula los derechos fundamentales y el régimen electoral, pide mayoría absoluta del Congreso en una votación final, es decir 176 diputados, según el artículo 81 de la Constitución. Y una reforma constitucional como la que propone Sánchez pide tres quintos de cada cámara, 210 diputados y la misma proporción del Senado, por el artículo 167. Cada promesa de esta campaña cae en uno de esos escalones, y con la media de encuestas de Capitol del 27 de octubre, que reúne 27 sondeos de los últimos 28 días, cada escalón tiene un dueño distinto.

¿Qué cambiaría si la subida con el IPC entra en la Constitución?

El artículo 50 ya habla de pensiones. Dice que los poderes públicos garantizarán «pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas», pero no fija cómo se actualizan, y eso ha dejado la fórmula en manos de cada mayoría. En 2013, con mayoría absoluta del PP, la Ley 23/2013 sustituyó la referencia al IPC por un índice de revalorización con un suelo del 0,25 %, y las pensiones subieron eso mismo de 2014 a 2017. En 2021, con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, la Ley 21/2021 reescribió el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social para que las pensiones contributivas suban cada enero lo que subió de media el IPC en los doce meses anteriores. Las dos leyes eran ordinarias y bastó una mayoría simple para aprobarlas.

Esa es la regla que se aplica hoy, y con ella la subida de enero de 2027 rondará el 3,5 %, como calculó Capitol con los datos del INE en su análisis sobre las pensiones de 2027. La ley no impide que el decreto anual se tuerza en el Congreso. En enero de 2025 y en enero de 2026 la Cámara derogó el primer decreto de revalorización y el Gobierno tuvo que aprobar otro. Llevar el IPC al artículo 50 no cambiaría la cifra de un año concreto. Cambiaría quién puede retocar la fórmula, porque ninguna mayoría simple podría volver a hacer lo que hizo la de 2013.

El precio de esa protección es el mismo que la hace eficaz. Con la media del 27 de octubre, el PSOE tendría 106 escaños y todos los partidos que no son PP ni Vox, juntos, 150. Les faltarían 60 para los tres quintos. PP y Vox, con 200, tampoco llegan. La única suma de dos partidos que pasa de 210 es PP y PSOE, con 240, y eso incluye el escaño de UPN que el agregador cuenta con el PP. Es la misma aritmética que Capitol describió en su análisis sobre la escalera de mayorías de la Constitución, con una diferencia, porque ahora hay una propuesta concreta encima de la mesa.

El artículo 167 tiene una segunda vía, y tampoco la abre nadie solo. Si el texto no logra los tres quintos en las dos cámaras, una comisión mixta de diputados y senadores busca un acuerdo, y si aun así no sale, el Congreso puede aprobarlo con dos tercios, 234 diputados, siempre que el Senado lo haya votado por mayoría absoluta. Con la media de hoy solo PP y PSOE pasan también de 234. En el Senado el PP tuvo mayoría absoluta toda la legislatura que acaba de disolverse, de modo que cualquier reforma constitucional, gane quien gane el 29-N, pasará previsiblemente por sus votos.

La historia apunta en la misma dirección. La Constitución de 1978 se ha reformado tres veces, en 1992 para que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran ser candidatos en las municipales, en 2011 para fijar en el artículo 135 la estabilidad presupuestaria y en 2024 para cambiar la palabra «disminuidos» del artículo 49. Las tres salieron con los votos de PSOE y PP juntos, y en ninguna llegó a celebrarse un referéndum. No ha habido en casi cincuenta años una reforma aprobada contra uno de los dos grandes partidos.

Aunque el texto lograra los 210 votos, el artículo 167.3 deja otra puerta. Durante los quince días siguientes a la aprobación, una décima parte de cualquiera de las dos cámaras puede exigir que la reforma se vote en referéndum. En el Congreso son 35 diputados. Con la media del 27 de octubre, PP (134), PSOE (106) y Vox (66) podrían pedirlo cada uno sin ayuda de nadie. Frente Amplio, el cuarto partido de la media con 9 escaños, necesitaría a otros tres grupos de su tamaño. Un Vox con 66 diputados que se opusiera a la reforma podría llevarla a las urnas aunque PP y PSOE la hubieran pactado.

¿Qué mayoría necesitaría cambiar la ley del aborto?

El aborto entró en la precampaña por otra vía. El 26 de octubre, Feijóo dijo en una entrevista de radio que una chica de 16 años «debería de tener el conocimiento de sus padres antes de abortar», y lo presentó como su opinión personal, no como una medida del programa del PP. Las reglas sobre las menores de 16 y 17 años están en una ley orgánica y han cambiado tres veces desde 2010, cada vez con la mayoría del momento.

La Ley Orgánica 2/2010, aprobada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dejó la decisión a la menor y obligó a informar a uno de sus padres o tutores, salvo que ella alegara un conflicto grave con su familia. La Ley Orgánica 11/2015, con mayoría absoluta del PP, pasó a exigir el consentimiento de los representantes legales. Y la Ley Orgánica 1/2023, del Gobierno de coalición, permitió abortar desde los 16 años sin el consentimiento de los representantes y no recuperó la obligación de informarles que fijaba la de 2010. La frase de Feijóo, leída al pie de la letra, se parece más a la regla de 2010 que a la de 2015, porque habla de que los padres lo sepan y no de que lo autoricen.

Para cualquiera de esos cambios basta mayoría absoluta en la votación final del Congreso, 176 diputados, y PP y Vox suman 200 en la media del 27 de octubre. La reforma de la reforma está, por tanto, al alcance de un solo bloque, el que hoy dan por ganador las encuestas. La garantía de la Constitución, que es la que Sánchez quiere para las pensiones, exige en cambio a los dos bloques. Las promesas fiscales del PP para esta campaña, como duplicar las deducciones por hijo o rebajar al 0 % el IVA de los alimentos básicos, están un escalón más abajo, en leyes ordinarias que se aprueban por mayoría simple.

¿Qué pasa ahora con la promesa de Sánchez?

Por ahora no hay texto. Las Cortes están disueltas desde la convocatoria, así que ninguna propuesta de reforma puede registrarse hasta que se constituyan las nuevas cámaras tras el 29-N. Cuando eso ocurra, la iniciativa puede venir del Gobierno, del Congreso, del Senado o de un parlamento autonómico, y empezaría su camino en una cámara donde, si se cumple la media de hoy, el partido que la promete no tiene la llave y necesita a su principal rival. Lo que sí puede medirse ya es el reparto que harían las urnas, y conviene seguirlo en el agregador de encuestas de Capitol y en el simulador de pactos, donde cualquier lector puede comprobar cuántos escaños le faltan a cada suma para los 210.

Hay una lectura de fondo que va más allá de este mitin. Las pensiones y el aborto son dos de las políticas que más han oscilado con cada cambio de mayoría desde 2010, y las dos se rigen hoy por leyes que el siguiente Gobierno podría reescribir con los votos de su propio bloque. Sacar una de ellas de ese vaivén exige, según el artículo 167, que la pacten los dos bloques. Esa es la condición que fija la Constitución para cualquier reforma, y la que han cumplido las tres aprobadas hasta hoy.