El grupo parlamentario registra preguntas escritas para aclarar la cita del 21 de agosto con la embajadora y el silencio sobre Ceuta
Una petición formal registrada este lunes 7 de septiembre en el Congreso de los Diputados exige la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para dar cuenta de las «incongruencias sobre la convocatoria de la embajadora marroquí en España el pasado 21 de agosto». La iniciativa, impulsada por Vox en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, reclama explicaciones directas sobre «los motivos por los que esta no fue anunciada formalmente» ante la opinión pública.
Junto a la solicitud en comisión, el grupo que lidera Santiago Abascal ha formalizado una batería de preguntas con respuesta escrita centrada en las discrepancias institucionales surgidas alrededor de aquel encuentro. La formación sostiene que existen «diferentes versiones dadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la embajada marroquí en España», por lo que demanda al Ejecutivo aclarar mediante qué conductos específicos se citó a la representante diplomática de Rabat y en qué lugar físico exacto tuvo lugar la reunión.
El control parlamentario cuestiona además la falta de un pronunciamiento institucional público tras dicha cita diplomática. Vox demanda saber por qué el departamento que dirige José Manuel Albares evitó publicar una nota oficial «en el que se rechazasen las declaraciones de los miembros del gobierno marroquí en las que cuestionaban la soberanía española sobre Ceuta y Melilla», ciudades autónomas cuya integridad territorial y estatus jurídico vuelven a centrar el choque en las Cortes.
La ofensiva opositora incluye también una consulta directa sobre el uso de herramientas de protesta internacional ante el reino alauí. En concreto, los diputados interpelan al Ejecutivo para saber si el Ministerio de Asuntos Exteriores tramitó alguna nota verbal con el propósito de «protestar formalmente ante las autoridades marroquíes por la invasión migratoria que sufre Ceuta desde el 30 de julio», en plena controversia sobre la gestión fronteriza y los equilibrios bilaterales entre Madrid y Rabat.
Esta maniobra parlamentaria traslada al ámbito legislativo la fiscalización de la política exterior española hacia el norte de África, un terreno en el que el Gobierno gestiona una relación bilateral de alta sensibilidad técnica y diplomática. Mientras el Ejecutivo mantiene bajo reserva los detalles de varios contactos diplomáticos directos, la oposición busca forzar que el titular de Exteriores fije posición en sede parlamentaria y aclare si existió una queja formal por los desafíos a la soberanía de las dos plazas españolas.
