La médica, que dejó el acta en Alcalá de Henares en marzo, llama «carroñeros» a quienes querían la cabeza del ministro; el PP cifra en 40.000 euros las concesiones bajo sospecha.
Las claves
- Ibarra acusa a los «carroñeros» de querer la cabeza de Puente sin importarles las víctimas.
- La comisión de investigación municipal acreditó adjudicaciones a empresas vinculadas a familiares de Ibarra y de Patricia Sánchez.
- El PP denuncia que los contratos suman unos 40.000 euros y podrían implicar prevaricación, malversación y falsedad documental.
La exconcejala socialista de Alcalá de Henares Blanca Ibarra, señalada por una comisión de investigación municipal por la presunta adjudicación a dedo de varios contratos a familiares, ha elogiado este viernes en X al ministro de Transportes, Óscar Puente. Lo define como «el mejor ministro de Transportes de la historia de nuestra democracia», y añade que solo le queda aplaudirlo por su «rigor, datos, empatía y contundencia».
Ibarra califica de «MAGISTRAL» la rueda de prensa que Puente ofreció este viernes y en la que descartó dimitir. «Los carroñeros querían la cabeza de Puente a toda costa, las víctimas les dan igual. Solo querían cargarse un activo político del PSOE poderosísimo», escribió. Además, ha compartido un mensaje que sostiene que en España «no podemos permitirnos el lujo de perderlo», en referencia al ministro.
Ibarra dejó el acta de concejala en marzo y anunció en un vídeo en redes sociales que se dedicaría a un proyecto de comunicación «prácticamente irrechazable». Había llegado al Ayuntamiento en 2019, tras las elecciones municipales de mayo, y formó parte del equipo de gobierno del alcalde socialista Javier Rodríguez Palacios, donde, siendo médica de profesión, llevó las áreas de Salud, Consumo y Servicios Sociales. Tras las elecciones de 2023, el PP y Vox pasaron a gobernar el municipio y ella siguió en el pleno como edil de la oposición.
El nuevo gobierno municipal abrió una comisión de investigación sobre presuntas adjudicaciones a dedo a familiares de Ibarra y de otra concejala socialista, Patricia Sánchez, que fue responsable de Igualdad y Participación Ciudadana. La comisión acreditó que el ejecutivo de Rodríguez Palacios había encargado contratos a empresas vinculadas a parientes de ambas. Las supuestas irregularidades se conocieron a raíz de una auditoría interna del Ayuntamiento.
El PP denunció que las concesiones suman unos 40.000 euros, repartidos en contratos de menos de 18.000 euros cada uno y sin publicidad ni concurrencia durante el mandato de Rodríguez Palacios. El PP de la Comunidad de Madrid habló en su momento de 52 contratos a familiares de las dos ediles. Los populares sostienen que esos indicios podrían constituir delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Ibarra colabora además de forma habitual como tertuliana en un canal digital. Su declaración de bienes de 2023, con datos de junio de ese año, recoge un patrimonio superior a 1,7 millones de euros, sin contar su coche, un Peugeot 206 de 2015 adquirido por 15.300 euros. Incluye cuatro viviendas, dos de ellas en multipropiedad, y cuatro locales y oficinas en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, que suman casi 780.000 euros. En cuentas, depósitos y un plan de ahorro figuran otros 933.000 euros, además de un fondo de inversión de 31.000 y un plan de pensiones de 5.100.
Antes, en Capitol
30 de octubre. Barrachina, portavoz del Consell, reclama la dimisión de Óscar Puente por el accidente ferroviario de Urda. El portavoz del Consell acusa al ministro de Transportes de querer culpar a un trabajador y sostiene que el fallo afecta a toda la red, mientras la investigación mantiene abiertas todas las hipótesis.
30 de octubre. Puente defiende que el sistema LZB es “muy fiable” y anuncia una revisión de los protocolos tras el accidente de Urda. El ministro de Transportes atribuye a decisiones «inexplicables» del centro de regulación de Atocha la cadena que acabó con 69 muertos hasta ahora y cifra en 160 las caídas del sistema este año.
Corrección (30/10/2026): el titular y la noticia decían que Blanca Ibarra está investigada; lo que consta es que una comisión de investigación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acreditó contratos a empresas de familiares suyos, y así se dice ahora.
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