Los textos excluyen medidas clave pactadas con CC para su apoyo parlamentario, como el silencio administrativo o límites a no residentes
La medida más relevante omitida es la introducción de un silencio administrativo de seis meses para agilizar licencias urbanísticas, así como la posibilidad de que Canarias restrinja la compra de viviendas a no residentes.
Estos compromisos, acordados inicialmente para asegurar el voto de CC en los decretos ley anteriores, han sido eliminados tras decaer su necesidad parlamentaria. La formación nacionalista, sin representación en la Diputación Permanente que ha validado los nuevos textos, no ha visto reflejadas sus exigencias en el contenido final.
Los decretos aprobados el martes incluyen medidas como la prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales para contratos de alquiler que finalicen en diciembre de 2028, así como un límite del 2% anual en la actualización de precios. Además, se refuerzan las obligaciones de transparencia en la publicidad de alquileres, exigiendo que los anuncios reflejen si el arrendador es un gran tenedor.
En el ámbito de los desahucios, los textos suspenden estos procedimientos hasta diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional, siempre que el demandante sea una entidad que adquiera inmuebles por debajo de su valor de tasación. Una novedad denominada enervación extraordinaria permite a la administración asumir los impagos de inquilinos en situación de vulnerabilidad, buscando una solución habitacional en dos meses. Si no se encuentra, la administración consignará la deuda y evitará el lanzamiento, manteniendo el contrato vigente.
¿Quién asume los costes de los desahucios?
El texto aprobado no aclara si la competencia para gestionar estos gastos recae en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas, pese a que CC había planteado la creación de un fondo específico para cubrir estos costes en el acuerdo previo. La falta de detalle en este aspecto deja sin respuesta una de las principales demandas de los nacionalistas canarios.
La exclusión de medidas como el silencio administrativo o las restricciones a no residentes refleja un cambio de prioridades en el Gobierno tras asegurar el apoyo parlamentario sin necesidad de CC. La formación, que había condicionado su voto a estas cláusulas, no ha reaccionado públicamente a la exclusión de sus propuestas en los decretos definitivos.
¿Qué medidas sí se incluyen en los decretos?
La suspensión de desahucios para vulnerables hasta 2030 y la figura de enervación extraordinaria buscan aliviar la presión sobre los inquilinos en riesgo de exclusión. Sin embargo, la omisión de compromisos con CC podría abrir un nuevo frente de tensión con la formación nacionalista, que ya había mostrado su descontento con la gestión centralista en políticas de vivienda.
El Gobierno justifica la exclusión de las medidas pactadas con CC por la urgencia en aprobar medidas que ya contaban con el respaldo parlamentario.
La exclusión de medidas como el silencio administrativo podría ralentizar proyectos de construcción. En cambio, la falta de claridad sobre quién asumirá los costes de los desahucios deja un vacío legal que las comunidades autónomas deberán resolver en los próximos meses.
Coalición Canaria había exigido que el Gobierno formalizara un fondo para cubrir los gastos derivados de los desahucios, una demanda que no ha sido atendida. La formación nacionalista podría recurrir a vías legales o presionar en futuros trámites parlamentarios para que estas medidas se incorporen, aunque su influencia en la actual legislatura parece limitada sin representación en la Diputación Permanente.
La medida busca evitar prácticas opacas, pero su eficacia dependerá de los controles posteriores.
La prórroga de contratos hasta 2030 y el límite del 2% en las subidas de precios son medidas que podrían aliviar la presión sobre los inquilinos, aunque su impacto real dependerá de cómo se apliquen en cada comunidad autónoma. La suspensión de desahucios para vulnerables, por su parte, es una respuesta directa a la crisis habitacional, aunque su éxito dependerá de la capacidad de las administraciones para encontrar alternativas de vivienda.
El Gobierno ha evitado, de momento, pronunciarse sobre las críticas de CC, centrando su comunicación en los avances logrados en protección al arrendatario. Sin embargo, la exclusión de medidas clave pactadas con los nacionalistas canarios podría tener consecuencias políticas en un territorio donde la vivienda es un tema recurrente en el debate público.
La aprobación de estos decretos sin el respaldo de CC podría debilitar la estabilidad de un pacto que, en su momento, fue clave para aprobar medidas urgentes en materia de vivienda.
En los próximos días, las comunidades autónomas deberán definir su posición respecto a la competencia en la gestión de los desahucios y los costes asociados. Mientras, el Gobierno mantiene su línea de actuar sin depender de apoyos parlamentarios externos, aunque esta estrategia podría generar nuevos focos de conflicto en el futuro.
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