La Diputación Permanente del Congreso rechaza con 33 votos la sesión extraordinaria sobre las imputaciones en la Guardia Civil por el caso Leire
El PP, Vox y Junts no han logrado este miércoles los apoyos necesarios para citar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sesión conjunta de las comisiones de Interior y Defensa. La propuesta, que requería mayoría en la Diputación Permanente del Congreso, obtuvo 33 votos a favor —27 del PP, cinco de Vox y uno de Junts—, insuficientes para aprobarla.
La petición buscaba que ambos ministros explicaran las imputaciones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su director adjunto, Manuel Llamas, por presuntamente influir en investigaciones judiciales vinculadas al Gobierno. La diputada del PP Macarena Montesinos justificó la iniciativa tras la imputación de ambos altos cargos el pasado 2 de julio, acusados de ser «instrumentos» para «amedrentar» a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y frenar sus pesquisas.
Montesinos responsabilizó directamente a Robles y Marlaska por mantener en sus puestos a los imputados, tachando su actitud de «servilismo» hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vox y Junts respaldaron la comparecencia, aunque con matices: la diputada de Junts Marta Madrenas ironizó sobre la posibilidad de que ambos ministros se contradijeran en la misma sala, en alusión a sus discrepancias públicas durante la crisis migratoria de Ceuta en 2021, cuando el CNI alertó de un posible «efecto llamada» que ambos negaron.
La Diputación Permanente, órgano que vela por las funciones del Congreso entre legislaturas o durante sus recesos, exige mayoría absoluta —176 escaños— para aprobar sesiones extraordinarias de este tipo. El PP, con 137 diputados, necesitaba al menos 39 apoyos más para lograrlo, una cifra inalcanzable sin el respaldo del PSOE o de formaciones como ERC o Podemos, que no se pronunciaron durante la votación.
El caso Leire, que investiga presuntas presiones políticas sobre la UCO, se suma a una serie de escándalos judiciales que han salpicado al Gobierno en los últimos meses, incluyendo la imputación de la exdirectora del CNI Paz Esteban y la investigación por espionaje a líderes independentistas. La imputación de González y Llamas, ambos altos mandos de la Guardia Civil, añade presión sobre un Ejecutivo que ha defendido su «tolerancia cero» con la corrupción.
Fuente: El Debate
