Los partidos con escaños en el Congreso reciben cada año una subvención del Estado para su funcionamiento, y la Ley Orgánica 8/2007 manda repartirla en tres partes iguales, una por escaños y dos por votos. Con los 52,7 millones que fijó la ley de presupuestos de 2023, el PP recibiría el 35,8 %.
- La ley divide los 52.704.140 euros de 2023 en tres tercios de 17,57 millones, de modo que un escaño vale 50.194 euros al año y un voto, 1,47 euros.
- El reparto es más proporcional que el Congreso, porque el PP, con el 39,1 % de los escaños, recibiría el 35,8 % del dinero y Vox, con el 9,4 %, el 11,7 %.
- Ninguna persona puede donar más de 50.000 euros al año a un partido, ninguna empresa puede donar nada y el Tribunal de Cuentas controla las cuentas en exclusiva.
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| Escaños | Subvención | |
|---|---|---|
| PP | 39,1 % | 35,8 % |
| PSOE | 29,1 % | 28,1 % |
| Vox | 9,4 % | 11,7 % |
| Sumar | 8,9 % | 11,5 % |
| PSC-PSOE | 5,4 % | 5,2 % |
| ERC | 2,0 % | 2,0 % |
| Junts | 2,0 % | 1,8 % |
Los partidos no viven solo de las cuotas de sus afiliados. El artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, ordena que el Estado otorgue a los partidos «con representación en el Congreso de los Diputados» subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento. Quien no logra un escaño en la Cámara no cobra nada por este concepto, por muchos votos que reúna.
La ley no fija la cifra. Su disposición adicional sexta encarga a la ley de presupuestos de cada ejercicio fijar «el importe global de la consignación». La última que lo hizo fue la Ley 31/2022, que para 2023 puso 52.704.140 euros para gastos de funcionamiento y otros 2.706.200 para los de seguridad. Desde entonces se prorrogan aquellas cuentas, como explicó Capitol en su análisis de los presupuestos prorrogados.
Un tercio por escaños y dos por votos
Con esa consignación, el artículo 3.Dos manda dividirla «en tres cantidades iguales». Una se distribuye en proporción a los escaños obtenidos en las últimas elecciones al Congreso y las otras dos, «proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido». Con los 52,7 millones de 2023, cada tercio son 17,57 millones. Repartido entre los 350 escaños, un diputado vale 50.194 euros al año. Las dos terceras partes por votos, divididas entre los 23.880.964 que recibieron las doce candidaturas con escaño el 23 de julio de 2023, dan 1,47 euros por voto.
Aplicada esa fórmula a la proclamación oficial de resultados de la Junta Electoral Central, el PP, con 8.160.837 votos y 137 escaños, recibiría 18,9 millones, el 35,8 % del total. El PSOE, con 6.600.383 votos y 102 escaños, recibiría 14,8 millones, el 28,1 %. Vox, con 3.057.000 votos y 33 escaños, y Sumar, con 3.044.996 votos y 31, rondarían los seis millones cada uno, y el PSC, que se presentó con su propia candidatura, 2,75 millones. Es un cálculo de Capitol que no entra en cómo se reparten el dinero los partidos de una coalición ni incluye la asignación de seguridad.
El resultado corrige al sistema electoral. El método D’Hondt y las circunscripciones pequeñas dan a los partidos grandes más escaños que votos, como se explica en la guía del sistema electoral, y el tercio que se paga por votos compensa parte de esa prima. El PP, con el 39,1 % de los escaños, quedaría en el 35,8 % de la subvención, y Vox, con el 9,4 % de los escaños, subiría al 11,7 %.
El pago por escaño, en cambio, premia a quien concentra sus apoyos. Entre las doce candidaturas, el valor medio de un voto va de 1,80 euros, en el caso del BNG, a 2,43, en el de UPN. Los dos lograron un diputado y por él recibirían lo mismo, 50.194 euros, pero UPN lo consiguió con 52.188 votos y el BNG con 153.995, casi el triple. Los votos a una candidatura que no logra ningún escaño no generan subvención de funcionamiento alguna.
Como la suma supera los doce millones de euros, el artículo 3.Seis exige un acuerdo previo del Consejo de Ministros para autorizar la concesión, aunque esa autorización no aprueba el gasto. Y como el reparto se hace con las últimas elecciones al Congreso, cuando se celebre el 29-N la distribución pasará a basarse en sus resultados. Las subvenciones por gastos de campaña son otras, y Capitol calculó cuánto generaría cada candidatura para el 29-N en este análisis.
De dónde sale el resto del dinero
La subvención de funcionamiento es una de las fuentes que enumera el artículo 2. Entre los recursos públicos están también las subvenciones por gastos electorales, las que conceden las comunidades autónomas, los territorios históricos vascos y, en su caso, las corporaciones locales, y lo que reciban de sus grupos parlamentarios. Entre los privados figuran las cuotas de los afiliados, los productos de sus actividades propias, las donaciones, los préstamos o créditos, y las herencias y legados. El artículo 3.Cuatro declara la subvención anual incompatible con cualquier otra ayuda presupuestaria para el funcionamiento de los partidos, salvo las que enumera el artículo 2.Uno.
La ley es estricta con las donaciones. El artículo 5 prohíbe aceptar las anónimas, las finalistas o revocables, las de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales y las de personas jurídicas, de modo que las empresas no pueden donar. Toda donación superior a 25.000 euros debe notificarse al Tribunal de Cuentas en tres meses. El artículo 4 obliga a ingresarlas en cuentas abiertas solo para ese fin y veta las de quien sea parte de un contrato público vigente. Las reglas propias de la campaña, con otros límites, las explicó Capitol en este explicador.
Quién vigila el dinero y qué pasa si se incumple
Según el artículo 14, cada partido debe enviar sus cuentas anuales consolidadas al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente y publicar en su web, en el plazo de un mes, el balance, la cuenta de resultados, las subvenciones recibidas y las donaciones de más de 25.000 euros con la identidad del donante. El artículo 16 da al Tribunal de Cuentas el control exclusivo de la actividad económica de los partidos, le obliga a fiscalizar en todo caso a los que reciben la subvención del artículo 3 y le da seis meses para emitir su informe, que se eleva a las Cortes Generales y se publica en el BOE.
Las consecuencias llegan al dinero y a la sanción. El artículo 3 retiene el pago de la subvención anual a quien no presente y publique sus cuentas en fecha, y lo impide mientras el partido no esté al corriente con Hacienda y la Seguridad Social o tenga un reintegro pendiente. El artículo 17 tipifica como infracciones muy graves aceptar donaciones fuera de los límites, superar en un diez por ciento o más el límite de gasto electoral y no presentar las cuentas durante dos ejercicios consecutivos o tres alternos, y esas faltas prescriben a los cinco años. Si se inicia un procedimiento de ilegalización, el artículo 3.Cinco permite al juez, a propuesta del ministro del Interior, suspender de forma cautelar cualquier pago público al partido.
Para saber qué escaños proyecta hoy la media de encuestas de Capitol, con la que se puede aplicar la regla a cada candidatura, está el agregador de encuestas. Con la consignación de 2023, cada escaño que proyecte equivale a 50.194 euros al año.
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